En
síntesis, y como una gran conclusión, las víctimas del conflicto armado interno
en Colombia se enfrentan actualmente a una verdadera crisis humanitaria y
territorial. Mientras tanto, la corrupción y la politiquería tradicional
les imponen iniciativas de políticas sociales y legislativas sin las
garantías suficientes para su implementación, como lo es el tema de
la Restitución de Tierras en el marco de la Ley 1448 de 2011. Pese a ello,
hay que decir que esta ley considerada como Ley de Victimas y Reparación
Integral es una gran iniciativa, que se está a la espera por parte de las
víctimas de un verdadero proceso de Reparación Integral. 
Por ello consideramos que la formulación de políticas públicas y
las acciones de respuesta frente a temas como las víctimas del conflicto
armado y el desplazamiento forzado en Colombia, pese a su gran magnitud y
relevancia sociopolítica, económica y cultural, debe contar no solo con
una política de Gobierno, sino también con el desarrollo de una Política de Estado
de Ejecución efectiva, por tanto nos atrevemos a decir que en Colombia hasta
antes de la aprobación de la Ley 1448 de 2011 no existía una política
pública para las Víctimas. Las respuestas del Estado venían siendo
formales, coyunturales, parciales y con enfoque de oferta asistencialista
y populista, puesto que siempre dependían de la precaria voluntad política
de los gobiernos durante la última década.
Hoy la situación es diferente porque con la entrada
en vigencia de esta iniciativa legislativa, se encuentran reunidos los
elementos formales y materiales necesarios para garantizar una Atención y
Reparación Integral a las Víctimas de la violencia.